Acordadas 14 órdenes de aprehensión contra militares del TO5 por caso La Paragua
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 2° de Control de Ciudad Bolívar acordó las órdenes de aprehensión contra 14 efectivos militares adscritos al Teatro de Operaciones N°. 5 (TO5), presuntamente involucrados en los hechos ocurridos en el sector minero Papelón de Ori, sector Turumbán, La Paragua, estado Bolívar, en el cual murieron 6 personas y otra resultó herida.
Los fiscales 42 nacional y 2 de Bolívar con competencia en materia de derechos fundamentales, Katiuska Bolívar y Jean Carlos Castillo, respectivamente, solicitaron la medida por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Luis Giovanni Lima Rondón, Bartolomeo Sánchez, Romany García Rondón y José Rondón y otras dos víctimas por identificar; además de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en perjuicio de la persona que resultó lesionada.
Los efectivos militares contra quienes se libraron las órdenes de aprehensión son: mayor Leonidas Andrades Fernández; el subteniente José Rodríguez Sánchez; el subteniente de segunda César Rodríguez Betancourt; los sargentos de primera Ronald Marcano Castillo, José Luis Azócar, Emilio García Ledezma y Rafael Hernández. También contra los sargentos de segunda Gustavo Quintero y José Ramón Perdomo; y los cabos segundo José Alexander Rojas, Gabriel Ramos, José Muñoz González, Erad Bolívar Camaray y Freddy Narváez Urdaneta.
Los fiscales Bolívar y Castillo informaron al general Francisco Enrich Trujillo, comandante del TO5, sobre las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Corresponde al Ministro de la Defensa colocar a la orden del Tribunal a los efectivos, presuntamente vinculados con el hecho acaecido el pasado viernes 22 de septiembre.
El Ministerio Público, por instrucciones del Fiscal General de la República, dispuso recabar todas las pruebas necesarias, así como lo hizo con el caso Kennedy, para que se resuelva y esclarezca con celeridad los hechos de La Paragua, en aras de demostrar la disposición a que se conozca la verdad de este lamentable suceso.
Hasta el momento, los fiscales del caso han solicitado diversas diligencias, tales como la lista de armas de fuego y las características de la aeronave tripulada por los funcionarios investigados, las necropsias de ley, inspecciones del lugar del suceso, rastreo en busca de evidencias de interés criminalístico, experticias de levantamiento planimétrico y trayectoria balística.
La presunta violación de los derechos humanos alrededor de la muerte de estos seis mineros, entre ellos miembros de etnias indígenas, y de las heridas ocasionadas a otro, generó la decisión inmediata de reforzar la investigación penal con la incorporación de la fiscal nacional, Katiuska Bolívar, y del fiscal especializado en la materia en el estado Bolívar, Jean Carlos Castillo. La investigación fue iniciada por los fiscales José Luis Salazar e Iracema Grimaldi.
Por: Prensa Ministerio Público
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Los fiscales 42 nacional y 2 de Bolívar con competencia en materia de derechos fundamentales, Katiuska Bolívar y Jean Carlos Castillo, respectivamente, solicitaron la medida por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Luis Giovanni Lima Rondón, Bartolomeo Sánchez, Romany García Rondón y José Rondón y otras dos víctimas por identificar; además de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en perjuicio de la persona que resultó lesionada.
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El Ministerio Público, por instrucciones del Fiscal General de la República, dispuso recabar todas las pruebas necesarias, así como lo hizo con el caso Kennedy, para que se resuelva y esclarezca con celeridad los hechos de La Paragua, en aras de demostrar la disposición a que se conozca la verdad de este lamentable suceso.
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La presunta violación de los derechos humanos alrededor de la muerte de estos seis mineros, entre ellos miembros de etnias indígenas, y de las heridas ocasionadas a otro, generó la decisión inmediata de reforzar la investigación penal con la incorporación de la fiscal nacional, Katiuska Bolívar, y del fiscal especializado en la materia en el estado Bolívar, Jean Carlos Castillo. La investigación fue iniciada por los fiscales José Luis Salazar e Iracema Grimaldi.
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