Construyen una red de prisiones para el Pentágono en otro negocio de la Halliburton y Dick Cheney
El gobierno de Bush se propone construir una red de nuevos centros de detención para un misterioso “desarrollo rápido de nuevos programas” dentro de EEUU. Se trata de un proyecto semi-secreto de nuevas cárceles donde el Pentágono podría recluir a disidentes y “quinta columnistas” y entre sus huéspedes hasta podrían caber los escasos periodistas independientes que sacan la voz en ese país.
El Pentágono o ministerio de Defensa de EEUU se está convirtiendo en un gran policía mundial, pero también asumió de facto esa misma tarea dentro de EEUU. Su jefe, el ministro Donald Rumsfeld, teoriza con frecuencia sobre el daño que le infligen el periodismo independiente y las redes de Internet a la eficacia salvadora de la “Guerra al Terror” que alienta la Casa Blanca. Como remedio, impulsa el control de la información periodística y la puesta en marcha de amplias “operaciones psicológicas”, dentro y fuera de EEUU.
Todos estos aspectos de la política interna de EEUU no se debaten en los grandes medios y son absolutamente desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, hipnotizados por la propaganda del miedo y el lavado de cerebro masivo. Pero hay periodistas independientes, como Nat Parry, del periódico electrónico www.ConsortiunNews.com, que todavía indagan y escriben notas esclarecedoras como esta muestra de periodismo de investigación:
La ampliación constante que hace George W Bush de su propio poder crea profundas suspicacias entre los estadounidenses sobre cuán lejos se propone llegar su gobierno neo-conservador en la cuesta abajo de su trayectoria al autoritarismo. Un senador republicano ha sugerido que resultaría provechoso que Bush haga blanco en los “quinta columnistas” estadounidenses que simpatizarían con los terroristas. El gobierno también rechaza explicar por qué construye centros especiales de detención diciendo que esas instalaciones podrían ser necesarias para el 'rápido desarrollo de nuevos programas”.
No es que George W. Bush necesite muchos estímulos, pero el senador republicano Lindsey Graham le propuso al ministro de Justicia Alberto González un nuevo blanco para las operaciones domésticas del gobierno: los “quinta columna”, supuestos estadounidenses desleales que simpatizan y colaboran con el enemigo.
'En mi opinión, el gobierno no sólo tiene el derecho sino el deber de perseguir a los movimientos ‘quinta columna’', le dijo a Gonzáles el senador Graham durante la audiencia del comité judicial del Senado del 6 de febrero.
'Pienso que este Presidente está habilitado, por su calidad de comandante en jefe, para descubrir movimientos de “quinta columna” y no veo la necesidad de una autorización para que haga esto', añadió Graham, ofreciéndose a trabajar voluntariamente con el gobierno para bosquejar las pautas de cómo neutralizar lo mejor posible esta supuesta amenaza.
'Senador” –respondió un sonriente González–, 'el Presidente ya dijo que estaremos felices de escuchar sus ideas”.
En épocas menos paranoicas, muchos estadounidenses podrían entender las zalamerías de Graham como un intento republicano por alabar de cualquier manera a un gobierno de su propio partido, mientras los centristas de Washington buscan algún crédito para sugerir al Congreso que por lo menos asuma una opinión minúscula sobre cómo Bush maneja la Guerra al Terror.
Pero los desarrollos recientes sugieren que la administración Bush ya contempla qué hacer con los estadounidenses que juzgue insuficientemente leales o que difundan información que el gobierno pueda considerar de provecho para el enemigo.
Los funcionarios más altos de EEUU han citado la necesidad de desafiar las noticias que socavan las acciones de Bush. Constituyen un frente clave para derrotar a los terroristas, que son apoyados por los 'informadores de noticias', según palabras del secretario de Defensa Donald Rumsfeld (1).
Centros de detención
Pero hay más, como una curiosa noticia de enero en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército le otorgó a la Kellogg Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, un contrato por 385 millones de dólares para construir nuevos centros de detención en alguna parte de EEUU, a fin de que se ocupen 'de una afluencia de emergencia de inmigrantes a EEUU o para apoyar el desarrollo rápido de nuevos programas”, según KBR [Market Watch, 26 de enero, 2006].
Más adelante, el New York Times reportó que 'KBR construiría los centros para el ministerio de Seguridad de la Patria para una afluencia inesperada de inmigrantes, para alojar gente en la eventualidad de un desastre natural o para nuevos programas que requieran espacio adicional de detención” [4 de febrero, 2006].
Ante la reputación de Halliburton de cobrar excesivamente por sus servicios al gobierno, el NY Times se centró en preocupaciones concernientes a una defraudación de los contribuyentes de EEUU, como lo hizo la mayoría de las historias de noticias sobre el contrato de KBR.
'Es duro aceptar que el gobierno haya decidido confiar a Halliburton todavía más dólares del contribuyente”, comentó Henry Waxman, representante por California.
Menos atención se puso en la frase 'desarrollo rápido de nuevos programas' y qué clase de programas requieren una proliferación importante de centros de la detención, cada uno capaz de contener a 5.000 personas. Jamie Zuieback, portavoz de la la Oficina de Aduana e Inmigración, declinó comentar para qué pudieran servir estos 'nuevos programas'.
Solamente algunos periodistas independientes, como Meter Dale Scott y Maureen Farrell, han perseguido lo que realmente tiene en mente el gobierno de Bush.
Scott aventuró que los 'centros de detención se podrían utilizar para detener a ciudadanos estadounidenses si el gobierno de Bush declarara la ley marcial”. Recordó que durante la administración Reagan, el Consejo Nacional de Seguridad ayudó a Oliver North a organizar el 'ejercicio de preparación” Rex-84, que contempló la Agencia Federal de Manejo de Emergencia para ubicar y detener a 400.000 'refugiados” provenientes de 'movimientos incontrolados de población' sobre la frontera mexicana de EEUU.
Farrell precisó que 'si otro ataque de terror es del todo seguro, de lejos parece lo más probable que esos centros más bien serán utilizados para más detenciones de extranjeros del tipo post-11de septiembre, que para un diluvio repentino del flujo de inmigrantes a través de la frontera”.
Daniel Ellsberg, crítico de la era de Vietnam, dijo: 'Casi con certeza esto es la preparación para una reedición de lo ocurrido después del 11/9 con gente del Oriente Medio, musulmanes y posiblemente disidentes. Ya han hecho esto en una escala más pequeña, con el ‘registro especial de detenciones’ de inmigrantes varones de países musulmanes y con Guantánamo”.
Trabajos forzados
También apareció otra pequeña noticia en el sitio web del Ejército sobre el Programa Civil del Trabajo de Internos del Pentágono, que 'establece la política y la dirección del Ejército para instituir programas de trabajo con presos civiles y campos de prisioneros civiles en instalaciones del Ejército”.
El documento del Ejército, bosquejado originalmente en 1997, experimentó una 'rápida revisión de acción' el 14 de enero de 2005. La revisión proporcionó un 'marco para el desarrollo de acuerdos' entre el Ejército y las instalaciones correccionales en el uso de reclusos civiles en trabajos en instalaciones del Ejército”.
Descaradamente, el programa de trabajo del Ejército se refiere a los internos mantenidos en cárceles federales, estadales y locales. El Ejército también cita varias leyes federales que disponen el uso de trabajo civil y autorizan el establecimiento de campos de prisioneros en EEUU, incluyendo un estatuto federal autorizando al ministro de Justicia para que 'establezca, equipe y mantenga campos en los sitios que él seleccione' y 'haga disponibles... los servicios de los presos de EEUU' para distintos departamentos gubernamentales, incluyendo el de Defensa.
Sin embargo el plazo que fija el documento –dentro de pocas semanas– podría ser apenas una coincidencia con la referencia a una 'revisión rápida de la acción' y la insinuación del contrato de la KBR a un 'desarrollo rápido de nuevos programas', pero hace levantar las cejas sobre el por qué de esta sincronizada necesidad repentina de urgencia.
Estos propósitos en marcha también provocan ahora más atención debido a esfuerzos anteriores del gobierno de Bush por involucrar al Pentágono en operaciones de 'contra-terrorismo' dentro de EEUU.
Vigilancia del Pentágono
A pesar de las prohibiciones de la ley Posse Comitatus Act contra el enganche de personal militar de EEUU en tareas policiales internas de aplicación doméstica de la ley, el Pentágono ha venido ampliando sus operaciones más allá de los límites anteriores, como su creciente rol en actividades de vigilancia al interior de EEUU.
El Washington Post informó, el 27 de noviembre de 2005, que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el departamento de Defensa viene creando nuevas agencias que recolectan y analizan inteligencia dentro de EEUU.
La Casa Blanca también se mueve por ampliar el poder de la Actividad de Campo de Contrainteligencia del Pentágono (CIFA, sigla en inglés), creada hace tres años para consolidar operaciones de contrainteligencia. La propuesta de la Casa Blanca transformaría a la CIFA en una agencia con autoridad para investigar presuntos crímenes de traición, sabotaje terrorista y espionaje económico.
El Pentágono también empuja en el Congreso la legislación que crearía una excepción de inteligencia a la Ley de Privacidad, permitiendo que el FBI y otras dependencias compartan información sobre ciudadanos de EEUU con el Pentágono, la CIA y otras agencias de inteligencia. Pero incluso, algunos funcionarios del Pentágono no parecen pensar que siquiera sean necesarias nuevas leyes.
En un memorándum del departamento de Defensa de 2001, pero que fue conocido en enero de 2006, un oficial superior de inteligencia del Ejército escribió: 'Contrariamente a la creencia popular, no existe ninguna interdicción absoluta para que estamentos de la inteligencia [militar] recojan información de personas de EEUU”.
Marcando una distinción entre 'recoger' y 'recibir' información sobre ciudadanos de EEUU, el memorando afirmó que la 'MI [inteligencia militar] siempre puede recibir información de cualquier persona”. (2)
Esta recepción de información presumiblemente incluye datos de la NSA, que se embarcó en la vigilancia de ciudadanos de EEUU sin autorización de ningún tribunal, en violación evidente de las garantías de la ley de Seguridad de la Inteligencia Extranjera. Bush firmó otro programa que extinguió las garantías muy poco después del 11/9.
También podría existir un programa de vigilancia todavía más amplio. El ex empleado de la NSA Russell D. Tice le dijo el 14 de febrero al comité de Inteligencia del Congreso que tal programa de vigilancia “top secret” efectivamente existía, pero añadió que no podría comentar los detalles sin violar las leyes de clasificación.
Tice agregó que el programa de vigilancia de 'acceso especial' puede violar los derechos constitucionales de millones de estadounidenses (UPI, 14 de febrero de 2006). Con esta vigilancia ampliada, se está hinchando rápidamente la lista de sospechosos de terrorismo del gobierno.
El Washington Post divulgó el 15 de febrero que el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, sigla en inglés) ahora procesa los nombres de un banco de datos de 325.000 sospechosos de terroristas, un aumento cuádruple desde fines de 2003.
Al preguntársele si los nombres fueron recogidos con el programa de vigilancia doméstica de la NSA, un funcionario del NCTC le dijo al Washington Post: 'Nuestra base de datos incluye nombres de terroristas internacionales conocidos y sospechosos proporcionados por todas las organizaciones de la comunidad de inteligencia, incluyendo la NSA”.
Defensa de la Patria
Mientras el gobierno saca paladas de más y más nombres, los miembros del Congreso también han preguntado sobre la elasticidad de las definiciones de Bush para expresiones como “terrorista afiliado”, utilizada para justificar ante los estadounidenses la intercepción de sus teléfonos, alegando posibles contactos con ese tipo de gente o entidades.
Durante la audiencia del comité Judicial del Senado que examinó el programa de espionaje telefónico, la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, se quejó de que “el alcance y naturaleza del programa” no ha sido informado a los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes.
Feinstein agregó que, por lo tanto, los comités 'no han podido explorar cuál es el vínculo de una ‘afiliación’ a Al Qaeda y cuál es el procedimiento mínimo que toma lugar [para purgar los nombres de la gente inocente]”.
La combinación de la lectura expansionista del gobierno de Bush acerca de su propio poder y su insistencia respecto al extraordinario secreto ha levantado alarmas sobre las libertades civiles al contemplar cómo el Pentágono pudo llegar tan lejos en su participación en vigilancia domésticas.
Un documento del departamento de Defensa, titulado 'Estrategia para la Defensa de la Patria y Apoyo Civil”, precisó una estrategia militar contra el terrorismo que prevé 'una defensa activa, codo a codo', tanto en el exterior como en el interior del territorio de EEUU. El Pentágono se compromete –en el documento– a 'transformar las fuerzas militares de EEUU en ejecutoras de misiones de defensa de la patria en... la Patria de EEUU”.
El documento de la estrategia del Pentágono para incrementar el reconocimiento y la vigilancia militar anuncia “la derrota de los potenciales desafiadores antes de que amenacen a EEUU”. El plan 'maximiza el conocimiento de la amenaza y envergadura de las iniciativas que nos dañarían”.
Pero hay preocupación en extremo sobre cómo el Pentágono juzga las 'amenazas' y bajo qué categoría quedan 'los que nos dañarían”. Un funcionario del Pentágono dijo que la Actividad de Campo de Contrainteligencia es un programa que amontona expedientes de manifestantes pacifistas.
En diciembre de 2005, las noticias de la cadena NBC revelaron la existencia de un documento secreto del Pentágono de 400 páginas que enumeraba 1.500 'incidentes sospechosos' en un período de diez meses, incluyendo docenas de pequeñas demostraciones pacifistas que fueron clasificadas como 'amenaza”.
“PSYOP” y control de Internet
El departamento de Defensa también postula la legitimación del uso doméstico de propaganda, como parte de su estrategia total de guerra.
Un secreto 'Mapa Itinerario de Operaciones de Información' del Pentágono, aprobado por Donald Rumsfeld en octubre de 2003, dispone operaciones de información de 'espectro completo' y resalta que la 'información prevista para las audiencias extranjeras, incluyendo la diplomacia pública y las operaciones psicológicas (PSYOPS), incrementarán cada vez más su consumo en nuestras audiencias domésticas y viceversa”.
'Los mensajes de PSYOPS serán a menudo repetidos de nuevo por los medios de noticias para grandes audiencias, incluyendo el público americano”, aseveró el documento. El Pentágono arguye, sin embargo, que 'la distinción entre las audiencias extranjeras y domésticas viene a ser más bien una cuestión de USG [gobierno de EEUU], en vez de una práctica de difusión de información”.
El texto señala 'ámbitos' entre operaciones de información al exterior y medios de noticias del país, pero no define ningún límite para las campañas de PSYOP.
Homologando la distinción que dibuja el Pentágono entre 'recoger' y 'recibir' inteligencia sobre los ciudadanos de EEUU, el Mapa Itinerario de Operaciones de Información afirma que cualquier propaganda de PSYOP consumida por el público estadounidense será aceptable mientras no lo “apunte” intencionadamente.
El plan del Pentágono también incluye una estrategia para asumir la dominación de Internet y controlar el flujo de información, tomando a las redes de páginas web como adversario militar potencial. El 'mapa itinerario' habla de 'combatir la red” e implica que Internet equivale a 'un sistema de armas enemigo”.
En un discurso del 17 de febrero ante el Consejo de Relaciones Exteriores, Rumsfeld expuso la opinión del gobierno de que la batalla de la información será un frente crucial en la Guerra al Terror, o la Guerra Larga, como la llama Rumsfeld.
'No debe quedar ninguna duda sobre lo extenso que será aplicar un marco estratégico a la comunicación en todo lugar y cuanto más seguros podemos estar de que el enemigo y los informadores de noticias una vez llenado ese vacío no pintan un cuadro exacto de lo que está realmente ocurriendo, de una manera lo más descaradamente posible”, dijo Rumsfeld.
El ministerio de Seguridad de la Patria también ha demostrado una tendencia a desplegar operativos militares para ocuparse de crisis domésticas.
En la estela del huracán Katrina, el enviado del ministerio 'armó pesadamente a mercenarios paramilitares de la firma de seguridad privada Blackwater, desprestigiada por su trabajo en Irak, [y los tuvo] patrullando abiertamente las calles de Nueva Orleáns”, denunciaron el 10 de septiembre 2005 los periodistas Jeremy Scahill y Daniela Crespo.
Observando la reputación de los mercenarios de Blackwater “como unos de los asesinos profesionales más temidos del mundo”, Scahill y Crespo dijeron que la presencia de Blackwater en Nueva Orleáns 'aumentó alarmantes preguntas sobre de por qué el gobierno permitía que operaran aquí a hombres entrenados para matar con impunidad en lugares como Irak y Afganistán”.
Campo de batalla de EEUU
En opinión de activistas por las libertades civiles, en EEUU ya existe una forma de ley marcial impuesta poco después de los ataques del 11 de septiembre, cuando Bush publicó la Orden Militar No. 1 que lo autorizó a sí mismo a detener como terrorista internacional o combatiente enemigo a cualquier no-ciudadano de EEUU.
'El Presidente decidió ampliamente que él no manejaría al país como un Presidente civil”, escribió el abogado de derechos civiles Michael Ratner en su libro “Guantánamo: Qué debe saber el mundo”. 'El [Presidente] publicó una orden militar que se auto confería el poder de manejar el país como un general”.
Bush también adelantó qué es lo que tiene guardado para cualquier ciudadano estadounidense bajo sospecha de colaboración con los terroristas. En mayo de 2002, el FBI arrestó en Chicago al ciudadano de EEUU José Padilla en la suspicacia de que podría ser un operador del Al Qaeda que planeaba un ataque.
En vez de formularle cargos criminales, Bush señaló a Padilla como un 'combatiente enemigo' y lo hizo encarcelar indefinidamente sin garantía de debido proceso. Después de tres años, el gobierno finalmente abandonó la acusación contra Padilla, para evitar un arreglo de cuentas con el Tribunal Supremo que la Casa Blanca pudo haber perdido.
Pero desde que la Corte no pudo aplicar normas en el caso Padilla, el gobierno no se han retractado formalmente de las imputaciones. De hecho, a pesar de la limadura de la incriminación contra Padilla, la Casa Blanca todavía reclama su derecho a detener ciudadanos de EEUU como combatientes enemigos sin formularles cargos. Este reclamo de autoridad está basado en la aserción de que EEUU está en guerra y la patria estadounidense forma parte del campo de batalla.
'En la Guerra al Terror de alcance global, como toda la Nación lo aprendió demasiado bien el 11 de septiembre de 2001, el territorio de EEUU es parte del campo de batalla”, arguyen los abogados de Bush en sus alegatos ante las cortes federales. (Washington Post, 19 de Julio de 2005).
Como Bush ahora formula nuevas aserciones –utilizando su poder “plenario” e ilimitado como Comandante en Jefe– para darle una duración indefinida a la Guerra al Terror, los estadounidenses no tienen gran confianza en que sus derechos constitucionales los protejan contra acciones del gobierno.
Como preguntó el ex vice Presidente Al Gore, después de reseñar una nueva letanía arrebatadora en que Bush reafirmó su poder para librar la Guerra al Terror, '¿puede ser verdad que cualquier Presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución? Si la respuesta es ‘sí’, entonces ¿bajo qué teoría puede cometer esos actos?, ¿hay alguna desfachatez de éstas que pueda ser prohibida?'
En tales circunstancias extraordinarias, la gente americana legítimamente puede preguntar ¿qué significa exactamente para el gobierno de Bush el 'desarrollo rápido de nuevos programas' que podría requerir la construcción de una nueva red de campos de detención.
Notas:
1) Detalles en http://www.consortiumnews.com/2006/021806.html
2) Ver
http://cqpolitics.com/cq.com/www.cq.com/public/20060131_homeland.html
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
El Pentágono o ministerio de Defensa de EEUU se está convirtiendo en un gran policía mundial, pero también asumió de facto esa misma tarea dentro de EEUU. Su jefe, el ministro Donald Rumsfeld, teoriza con frecuencia sobre el daño que le infligen el periodismo independiente y las redes de Internet a la eficacia salvadora de la “Guerra al Terror” que alienta la Casa Blanca. Como remedio, impulsa el control de la información periodística y la puesta en marcha de amplias “operaciones psicológicas”, dentro y fuera de EEUU.
Todos estos aspectos de la política interna de EEUU no se debaten en los grandes medios y son absolutamente desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, hipnotizados por la propaganda del miedo y el lavado de cerebro masivo. Pero hay periodistas independientes, como Nat Parry, del periódico electrónico www.ConsortiunNews.com, que todavía indagan y escriben notas esclarecedoras como esta muestra de periodismo de investigación:
La ampliación constante que hace George W Bush de su propio poder crea profundas suspicacias entre los estadounidenses sobre cuán lejos se propone llegar su gobierno neo-conservador en la cuesta abajo de su trayectoria al autoritarismo. Un senador republicano ha sugerido que resultaría provechoso que Bush haga blanco en los “quinta columnistas” estadounidenses que simpatizarían con los terroristas. El gobierno también rechaza explicar por qué construye centros especiales de detención diciendo que esas instalaciones podrían ser necesarias para el 'rápido desarrollo de nuevos programas”.
No es que George W. Bush necesite muchos estímulos, pero el senador republicano Lindsey Graham le propuso al ministro de Justicia Alberto González un nuevo blanco para las operaciones domésticas del gobierno: los “quinta columna”, supuestos estadounidenses desleales que simpatizan y colaboran con el enemigo.
'En mi opinión, el gobierno no sólo tiene el derecho sino el deber de perseguir a los movimientos ‘quinta columna’', le dijo a Gonzáles el senador Graham durante la audiencia del comité judicial del Senado del 6 de febrero.
'Pienso que este Presidente está habilitado, por su calidad de comandante en jefe, para descubrir movimientos de “quinta columna” y no veo la necesidad de una autorización para que haga esto', añadió Graham, ofreciéndose a trabajar voluntariamente con el gobierno para bosquejar las pautas de cómo neutralizar lo mejor posible esta supuesta amenaza.
'Senador” –respondió un sonriente González–, 'el Presidente ya dijo que estaremos felices de escuchar sus ideas”.
En épocas menos paranoicas, muchos estadounidenses podrían entender las zalamerías de Graham como un intento republicano por alabar de cualquier manera a un gobierno de su propio partido, mientras los centristas de Washington buscan algún crédito para sugerir al Congreso que por lo menos asuma una opinión minúscula sobre cómo Bush maneja la Guerra al Terror.
Pero los desarrollos recientes sugieren que la administración Bush ya contempla qué hacer con los estadounidenses que juzgue insuficientemente leales o que difundan información que el gobierno pueda considerar de provecho para el enemigo.
Los funcionarios más altos de EEUU han citado la necesidad de desafiar las noticias que socavan las acciones de Bush. Constituyen un frente clave para derrotar a los terroristas, que son apoyados por los 'informadores de noticias', según palabras del secretario de Defensa Donald Rumsfeld (1).
Centros de detención
Pero hay más, como una curiosa noticia de enero en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército le otorgó a la Kellogg Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, un contrato por 385 millones de dólares para construir nuevos centros de detención en alguna parte de EEUU, a fin de que se ocupen 'de una afluencia de emergencia de inmigrantes a EEUU o para apoyar el desarrollo rápido de nuevos programas”, según KBR [Market Watch, 26 de enero, 2006].
Más adelante, el New York Times reportó que 'KBR construiría los centros para el ministerio de Seguridad de la Patria para una afluencia inesperada de inmigrantes, para alojar gente en la eventualidad de un desastre natural o para nuevos programas que requieran espacio adicional de detención” [4 de febrero, 2006].
Ante la reputación de Halliburton de cobrar excesivamente por sus servicios al gobierno, el NY Times se centró en preocupaciones concernientes a una defraudación de los contribuyentes de EEUU, como lo hizo la mayoría de las historias de noticias sobre el contrato de KBR.
'Es duro aceptar que el gobierno haya decidido confiar a Halliburton todavía más dólares del contribuyente”, comentó Henry Waxman, representante por California.
Menos atención se puso en la frase 'desarrollo rápido de nuevos programas' y qué clase de programas requieren una proliferación importante de centros de la detención, cada uno capaz de contener a 5.000 personas. Jamie Zuieback, portavoz de la la Oficina de Aduana e Inmigración, declinó comentar para qué pudieran servir estos 'nuevos programas'.
Solamente algunos periodistas independientes, como Meter Dale Scott y Maureen Farrell, han perseguido lo que realmente tiene en mente el gobierno de Bush.
Scott aventuró que los 'centros de detención se podrían utilizar para detener a ciudadanos estadounidenses si el gobierno de Bush declarara la ley marcial”. Recordó que durante la administración Reagan, el Consejo Nacional de Seguridad ayudó a Oliver North a organizar el 'ejercicio de preparación” Rex-84, que contempló la Agencia Federal de Manejo de Emergencia para ubicar y detener a 400.000 'refugiados” provenientes de 'movimientos incontrolados de población' sobre la frontera mexicana de EEUU.
Farrell precisó que 'si otro ataque de terror es del todo seguro, de lejos parece lo más probable que esos centros más bien serán utilizados para más detenciones de extranjeros del tipo post-11de septiembre, que para un diluvio repentino del flujo de inmigrantes a través de la frontera”.
Daniel Ellsberg, crítico de la era de Vietnam, dijo: 'Casi con certeza esto es la preparación para una reedición de lo ocurrido después del 11/9 con gente del Oriente Medio, musulmanes y posiblemente disidentes. Ya han hecho esto en una escala más pequeña, con el ‘registro especial de detenciones’ de inmigrantes varones de países musulmanes y con Guantánamo”.
Trabajos forzados
También apareció otra pequeña noticia en el sitio web del Ejército sobre el Programa Civil del Trabajo de Internos del Pentágono, que 'establece la política y la dirección del Ejército para instituir programas de trabajo con presos civiles y campos de prisioneros civiles en instalaciones del Ejército”.
El documento del Ejército, bosquejado originalmente en 1997, experimentó una 'rápida revisión de acción' el 14 de enero de 2005. La revisión proporcionó un 'marco para el desarrollo de acuerdos' entre el Ejército y las instalaciones correccionales en el uso de reclusos civiles en trabajos en instalaciones del Ejército”.
Descaradamente, el programa de trabajo del Ejército se refiere a los internos mantenidos en cárceles federales, estadales y locales. El Ejército también cita varias leyes federales que disponen el uso de trabajo civil y autorizan el establecimiento de campos de prisioneros en EEUU, incluyendo un estatuto federal autorizando al ministro de Justicia para que 'establezca, equipe y mantenga campos en los sitios que él seleccione' y 'haga disponibles... los servicios de los presos de EEUU' para distintos departamentos gubernamentales, incluyendo el de Defensa.
Sin embargo el plazo que fija el documento –dentro de pocas semanas– podría ser apenas una coincidencia con la referencia a una 'revisión rápida de la acción' y la insinuación del contrato de la KBR a un 'desarrollo rápido de nuevos programas', pero hace levantar las cejas sobre el por qué de esta sincronizada necesidad repentina de urgencia.
Estos propósitos en marcha también provocan ahora más atención debido a esfuerzos anteriores del gobierno de Bush por involucrar al Pentágono en operaciones de 'contra-terrorismo' dentro de EEUU.
Vigilancia del Pentágono
A pesar de las prohibiciones de la ley Posse Comitatus Act contra el enganche de personal militar de EEUU en tareas policiales internas de aplicación doméstica de la ley, el Pentágono ha venido ampliando sus operaciones más allá de los límites anteriores, como su creciente rol en actividades de vigilancia al interior de EEUU.
El Washington Post informó, el 27 de noviembre de 2005, que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el departamento de Defensa viene creando nuevas agencias que recolectan y analizan inteligencia dentro de EEUU.
La Casa Blanca también se mueve por ampliar el poder de la Actividad de Campo de Contrainteligencia del Pentágono (CIFA, sigla en inglés), creada hace tres años para consolidar operaciones de contrainteligencia. La propuesta de la Casa Blanca transformaría a la CIFA en una agencia con autoridad para investigar presuntos crímenes de traición, sabotaje terrorista y espionaje económico.
El Pentágono también empuja en el Congreso la legislación que crearía una excepción de inteligencia a la Ley de Privacidad, permitiendo que el FBI y otras dependencias compartan información sobre ciudadanos de EEUU con el Pentágono, la CIA y otras agencias de inteligencia. Pero incluso, algunos funcionarios del Pentágono no parecen pensar que siquiera sean necesarias nuevas leyes.
En un memorándum del departamento de Defensa de 2001, pero que fue conocido en enero de 2006, un oficial superior de inteligencia del Ejército escribió: 'Contrariamente a la creencia popular, no existe ninguna interdicción absoluta para que estamentos de la inteligencia [militar] recojan información de personas de EEUU”.
Marcando una distinción entre 'recoger' y 'recibir' información sobre ciudadanos de EEUU, el memorando afirmó que la 'MI [inteligencia militar] siempre puede recibir información de cualquier persona”. (2)
Esta recepción de información presumiblemente incluye datos de la NSA, que se embarcó en la vigilancia de ciudadanos de EEUU sin autorización de ningún tribunal, en violación evidente de las garantías de la ley de Seguridad de la Inteligencia Extranjera. Bush firmó otro programa que extinguió las garantías muy poco después del 11/9.
También podría existir un programa de vigilancia todavía más amplio. El ex empleado de la NSA Russell D. Tice le dijo el 14 de febrero al comité de Inteligencia del Congreso que tal programa de vigilancia “top secret” efectivamente existía, pero añadió que no podría comentar los detalles sin violar las leyes de clasificación.
Tice agregó que el programa de vigilancia de 'acceso especial' puede violar los derechos constitucionales de millones de estadounidenses (UPI, 14 de febrero de 2006). Con esta vigilancia ampliada, se está hinchando rápidamente la lista de sospechosos de terrorismo del gobierno.
El Washington Post divulgó el 15 de febrero que el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, sigla en inglés) ahora procesa los nombres de un banco de datos de 325.000 sospechosos de terroristas, un aumento cuádruple desde fines de 2003.
Al preguntársele si los nombres fueron recogidos con el programa de vigilancia doméstica de la NSA, un funcionario del NCTC le dijo al Washington Post: 'Nuestra base de datos incluye nombres de terroristas internacionales conocidos y sospechosos proporcionados por todas las organizaciones de la comunidad de inteligencia, incluyendo la NSA”.
Defensa de la Patria
Mientras el gobierno saca paladas de más y más nombres, los miembros del Congreso también han preguntado sobre la elasticidad de las definiciones de Bush para expresiones como “terrorista afiliado”, utilizada para justificar ante los estadounidenses la intercepción de sus teléfonos, alegando posibles contactos con ese tipo de gente o entidades.
Durante la audiencia del comité Judicial del Senado que examinó el programa de espionaje telefónico, la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, se quejó de que “el alcance y naturaleza del programa” no ha sido informado a los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes.
Feinstein agregó que, por lo tanto, los comités 'no han podido explorar cuál es el vínculo de una ‘afiliación’ a Al Qaeda y cuál es el procedimiento mínimo que toma lugar [para purgar los nombres de la gente inocente]”.
La combinación de la lectura expansionista del gobierno de Bush acerca de su propio poder y su insistencia respecto al extraordinario secreto ha levantado alarmas sobre las libertades civiles al contemplar cómo el Pentágono pudo llegar tan lejos en su participación en vigilancia domésticas.
Un documento del departamento de Defensa, titulado 'Estrategia para la Defensa de la Patria y Apoyo Civil”, precisó una estrategia militar contra el terrorismo que prevé 'una defensa activa, codo a codo', tanto en el exterior como en el interior del territorio de EEUU. El Pentágono se compromete –en el documento– a 'transformar las fuerzas militares de EEUU en ejecutoras de misiones de defensa de la patria en... la Patria de EEUU”.
El documento de la estrategia del Pentágono para incrementar el reconocimiento y la vigilancia militar anuncia “la derrota de los potenciales desafiadores antes de que amenacen a EEUU”. El plan 'maximiza el conocimiento de la amenaza y envergadura de las iniciativas que nos dañarían”.
Pero hay preocupación en extremo sobre cómo el Pentágono juzga las 'amenazas' y bajo qué categoría quedan 'los que nos dañarían”. Un funcionario del Pentágono dijo que la Actividad de Campo de Contrainteligencia es un programa que amontona expedientes de manifestantes pacifistas.
En diciembre de 2005, las noticias de la cadena NBC revelaron la existencia de un documento secreto del Pentágono de 400 páginas que enumeraba 1.500 'incidentes sospechosos' en un período de diez meses, incluyendo docenas de pequeñas demostraciones pacifistas que fueron clasificadas como 'amenaza”.
“PSYOP” y control de Internet
El departamento de Defensa también postula la legitimación del uso doméstico de propaganda, como parte de su estrategia total de guerra.
Un secreto 'Mapa Itinerario de Operaciones de Información' del Pentágono, aprobado por Donald Rumsfeld en octubre de 2003, dispone operaciones de información de 'espectro completo' y resalta que la 'información prevista para las audiencias extranjeras, incluyendo la diplomacia pública y las operaciones psicológicas (PSYOPS), incrementarán cada vez más su consumo en nuestras audiencias domésticas y viceversa”.
'Los mensajes de PSYOPS serán a menudo repetidos de nuevo por los medios de noticias para grandes audiencias, incluyendo el público americano”, aseveró el documento. El Pentágono arguye, sin embargo, que 'la distinción entre las audiencias extranjeras y domésticas viene a ser más bien una cuestión de USG [gobierno de EEUU], en vez de una práctica de difusión de información”.
El texto señala 'ámbitos' entre operaciones de información al exterior y medios de noticias del país, pero no define ningún límite para las campañas de PSYOP.
Homologando la distinción que dibuja el Pentágono entre 'recoger' y 'recibir' inteligencia sobre los ciudadanos de EEUU, el Mapa Itinerario de Operaciones de Información afirma que cualquier propaganda de PSYOP consumida por el público estadounidense será aceptable mientras no lo “apunte” intencionadamente.
El plan del Pentágono también incluye una estrategia para asumir la dominación de Internet y controlar el flujo de información, tomando a las redes de páginas web como adversario militar potencial. El 'mapa itinerario' habla de 'combatir la red” e implica que Internet equivale a 'un sistema de armas enemigo”.
En un discurso del 17 de febrero ante el Consejo de Relaciones Exteriores, Rumsfeld expuso la opinión del gobierno de que la batalla de la información será un frente crucial en la Guerra al Terror, o la Guerra Larga, como la llama Rumsfeld.
'No debe quedar ninguna duda sobre lo extenso que será aplicar un marco estratégico a la comunicación en todo lugar y cuanto más seguros podemos estar de que el enemigo y los informadores de noticias una vez llenado ese vacío no pintan un cuadro exacto de lo que está realmente ocurriendo, de una manera lo más descaradamente posible”, dijo Rumsfeld.
El ministerio de Seguridad de la Patria también ha demostrado una tendencia a desplegar operativos militares para ocuparse de crisis domésticas.
En la estela del huracán Katrina, el enviado del ministerio 'armó pesadamente a mercenarios paramilitares de la firma de seguridad privada Blackwater, desprestigiada por su trabajo en Irak, [y los tuvo] patrullando abiertamente las calles de Nueva Orleáns”, denunciaron el 10 de septiembre 2005 los periodistas Jeremy Scahill y Daniela Crespo.
Observando la reputación de los mercenarios de Blackwater “como unos de los asesinos profesionales más temidos del mundo”, Scahill y Crespo dijeron que la presencia de Blackwater en Nueva Orleáns 'aumentó alarmantes preguntas sobre de por qué el gobierno permitía que operaran aquí a hombres entrenados para matar con impunidad en lugares como Irak y Afganistán”.
Campo de batalla de EEUU
En opinión de activistas por las libertades civiles, en EEUU ya existe una forma de ley marcial impuesta poco después de los ataques del 11 de septiembre, cuando Bush publicó la Orden Militar No. 1 que lo autorizó a sí mismo a detener como terrorista internacional o combatiente enemigo a cualquier no-ciudadano de EEUU.
'El Presidente decidió ampliamente que él no manejaría al país como un Presidente civil”, escribió el abogado de derechos civiles Michael Ratner en su libro “Guantánamo: Qué debe saber el mundo”. 'El [Presidente] publicó una orden militar que se auto confería el poder de manejar el país como un general”.
Bush también adelantó qué es lo que tiene guardado para cualquier ciudadano estadounidense bajo sospecha de colaboración con los terroristas. En mayo de 2002, el FBI arrestó en Chicago al ciudadano de EEUU José Padilla en la suspicacia de que podría ser un operador del Al Qaeda que planeaba un ataque.
En vez de formularle cargos criminales, Bush señaló a Padilla como un 'combatiente enemigo' y lo hizo encarcelar indefinidamente sin garantía de debido proceso. Después de tres años, el gobierno finalmente abandonó la acusación contra Padilla, para evitar un arreglo de cuentas con el Tribunal Supremo que la Casa Blanca pudo haber perdido.
Pero desde que la Corte no pudo aplicar normas en el caso Padilla, el gobierno no se han retractado formalmente de las imputaciones. De hecho, a pesar de la limadura de la incriminación contra Padilla, la Casa Blanca todavía reclama su derecho a detener ciudadanos de EEUU como combatientes enemigos sin formularles cargos. Este reclamo de autoridad está basado en la aserción de que EEUU está en guerra y la patria estadounidense forma parte del campo de batalla.
'En la Guerra al Terror de alcance global, como toda la Nación lo aprendió demasiado bien el 11 de septiembre de 2001, el territorio de EEUU es parte del campo de batalla”, arguyen los abogados de Bush en sus alegatos ante las cortes federales. (Washington Post, 19 de Julio de 2005).
Como Bush ahora formula nuevas aserciones –utilizando su poder “plenario” e ilimitado como Comandante en Jefe– para darle una duración indefinida a la Guerra al Terror, los estadounidenses no tienen gran confianza en que sus derechos constitucionales los protejan contra acciones del gobierno.
Como preguntó el ex vice Presidente Al Gore, después de reseñar una nueva letanía arrebatadora en que Bush reafirmó su poder para librar la Guerra al Terror, '¿puede ser verdad que cualquier Presidente tiene realmente tales poderes bajo nuestra Constitución? Si la respuesta es ‘sí’, entonces ¿bajo qué teoría puede cometer esos actos?, ¿hay alguna desfachatez de éstas que pueda ser prohibida?'
En tales circunstancias extraordinarias, la gente americana legítimamente puede preguntar ¿qué significa exactamente para el gobierno de Bush el 'desarrollo rápido de nuevos programas' que podría requerir la construcción de una nueva red de campos de detención.
Notas:
1) Detalles en http://www.consortiumnews.com/2006/021806.html
2) Ver
http://cqpolitics.com/cq.com/www.cq.com/public/20060131_homeland.html
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Publicado por movimiento13deabril a las 3:24
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