Colombia: Fiscales documentan unos 14.000 crímenes de paramilitares
Los fiscales de Colombia que investigarán a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14.000 crímenes atribuidos a ellos, dijeron hoy fuentes cercanas al proceso de paz del Gobierno con esa organización. Son casos de homicidios, matanzas y expropiación de bienes, entre otros, precisó en Bogotá el experto Eduardo Pizarro Leongómez, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por asistir a las víctimas de los paramilitares.
Pizarro explicó en una reunión con la prensa que dichos casos "están organizados por bloques", es decir, que se precisa la facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la que se le atribuye la responsabilidad de cada uno de ellos.
La tarea la realizaron los fiscales de la Unidad Nacional para la Paz y la Justicia, abierta en virtud de la normativa aprobada por el Congreso en 2005 para facilitar la reinserción de los paramilitares y, también de los guerrilleros, mediante procesos de paz.
"El fiscal no va a ser simplemente un sujeto pasivo que recibe la indagatoria", destacó Pizarro al resaltar que este funcionario empezará las diligencias de interrogatorio con la presentación al procesado de los casos que se le atribuyen al bloque o a su facción.
Ese funcionario preguntará entonces al paramilitar de cuáles casos se responsabiliza, continuó el coordinador de la CNRR.
Agregó que esto será una de las garantías para que los procesados confiesen y restituyan bienes, que son algunas de las condiciones bajo las cuales ellos podrán recibir los beneficios previstos en la llamada "ley de justicia y paz".
La conducta que asuman los paramilitares "va a ser la prueba de fuego" para esa normativa, afirmó Pizarro, quien pronosticó que la parte judicial dará lugar a una "activa" devolución de bienes expropiados, una de las fuentes para las tareas de la CNRR.
Más de 22.000 miembros de las AUC se han desmovilizado desde noviembre de 2003, en virtud del proceso de paz con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, pero han sido mínimos los casos de reductos desarmados que han entregado al Estado los bienes que arrebataron a civiles.
Entre ellos están predios rurales que eran de propiedad del 60 por ciento de los cerca de 2,94 millones de desplazados desde 1995 por el conflicto armado interno y que, según algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), abandonaron unos 4,8 millones de hectáreas.
Pizarro admitió que el asunto de la devolución de bienes expropiados ilegalmente "es extremadamente complejo", porque entre ellos hay propiedades que se vendieron a otros, están en nombre de testaferros o pertenecían, por posesión, a colonos, quienes no tenían títulos legales.
La CNRR estudia experiencias internacionales en ese campo, entre ellas las de asociaciones de víctimas, como la argentina de las Madres de Plaza de Mayo, que según Pizarro darán lugar en su país a la movilización de miles de mujeres que podrán conocerse como las Madres de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico bogotano.
El coordinador de ese comité recibió hoy del alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, un "informe de solidaridad con las víctimas de la violencia" en Colombia, que comprende la próxima entrega de una asistencia global por 150 millones de dólares.
Esa suma supera la que pudieron recibir como reparación víctimas en crisis como las de Argentina, El Salvador, Guatemala o Sudáfrica, advirtió Pizarro.
El experto observó que por encima de la asistencia colombiana sólo está el caso de Alemania, que entregó 800.000 millones de dólares a dos millones de víctimas del Holocausto.
Pizarro explicó en una reunión con la prensa que dichos casos "están organizados por bloques", es decir, que se precisa la facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la que se le atribuye la responsabilidad de cada uno de ellos.
La tarea la realizaron los fiscales de la Unidad Nacional para la Paz y la Justicia, abierta en virtud de la normativa aprobada por el Congreso en 2005 para facilitar la reinserción de los paramilitares y, también de los guerrilleros, mediante procesos de paz.
"El fiscal no va a ser simplemente un sujeto pasivo que recibe la indagatoria", destacó Pizarro al resaltar que este funcionario empezará las diligencias de interrogatorio con la presentación al procesado de los casos que se le atribuyen al bloque o a su facción.
Ese funcionario preguntará entonces al paramilitar de cuáles casos se responsabiliza, continuó el coordinador de la CNRR.
Agregó que esto será una de las garantías para que los procesados confiesen y restituyan bienes, que son algunas de las condiciones bajo las cuales ellos podrán recibir los beneficios previstos en la llamada "ley de justicia y paz".
La conducta que asuman los paramilitares "va a ser la prueba de fuego" para esa normativa, afirmó Pizarro, quien pronosticó que la parte judicial dará lugar a una "activa" devolución de bienes expropiados, una de las fuentes para las tareas de la CNRR.
Más de 22.000 miembros de las AUC se han desmovilizado desde noviembre de 2003, en virtud del proceso de paz con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, pero han sido mínimos los casos de reductos desarmados que han entregado al Estado los bienes que arrebataron a civiles.
Entre ellos están predios rurales que eran de propiedad del 60 por ciento de los cerca de 2,94 millones de desplazados desde 1995 por el conflicto armado interno y que, según algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), abandonaron unos 4,8 millones de hectáreas.
Pizarro admitió que el asunto de la devolución de bienes expropiados ilegalmente "es extremadamente complejo", porque entre ellos hay propiedades que se vendieron a otros, están en nombre de testaferros o pertenecían, por posesión, a colonos, quienes no tenían títulos legales.
La CNRR estudia experiencias internacionales en ese campo, entre ellas las de asociaciones de víctimas, como la argentina de las Madres de Plaza de Mayo, que según Pizarro darán lugar en su país a la movilización de miles de mujeres que podrán conocerse como las Madres de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico bogotano.
El coordinador de ese comité recibió hoy del alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, un "informe de solidaridad con las víctimas de la violencia" en Colombia, que comprende la próxima entrega de una asistencia global por 150 millones de dólares.
Esa suma supera la que pudieron recibir como reparación víctimas en crisis como las de Argentina, El Salvador, Guatemala o Sudáfrica, advirtió Pizarro.
El experto observó que por encima de la asistencia colombiana sólo está el caso de Alemania, que entregó 800.000 millones de dólares a dos millones de víctimas del Holocausto.
Publicado por yosmaryderausseo25 a las 9:59
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